Echávarri, a la derecha, durante su comparecencia en la comisión de investigación, a finales de julio - ÁLEX DOMÍNGUEZ

EL PSOE hace coincidir la comisión de investigación con la declaración de Echávarri

Las conclusiones sobre la comisión municipal se tratarán el próximo viernes, el mismo día en el que el alcalde está citado por el juzgado como investigado

03.10.2017 | 18:37 | Alicante

La comisión de pleno que investiga en el Ayuntamiento de Alicante el presunto fraccionamiento de contratos en Comercio debatirá el próximo viernes, a partir de las 9 horas, las conclusiones remitidas por los cinco grupos municipales tras las dos sesiones celebradas este verano en las que declararon, entre otros, el alcalde Gabriel Echávarri, sus dos asesores (Lalo Díez y Pedro de Gea), el interventor y el entonces técnico de la Concejalía de Comercio. La cita, de la que se acaba de informar a los grupos municipales, coincide con la  decisión de la juez de citar a declarar al regidor socialista, junto a sus dos ediles, en calidad de investigado (antes imputado). Echávarri, al igual que los otros dos investigados y los cinco testigos citados, también está citado a primera hora de la mañana (9.30 horas) en los juzgados de Benalúa. 

La convocatoria de la última sesión de la comisión de investigación no ha sentado nada bien entre la oposición municipal, ya que el PSOE ha optado por hacer coincidir el debate de las conclusiones con la declaración de Echávarri ante el juzgado de instrucción que investiga la denuncia presentada por PP y Ciudadanos.

Las conclusiones políticas que se presentaron a mediados de septiembre en el Ayuntamiento sobre la comisión que investiga el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio no se salieron del patrón esperado. Dentro del equipo de gobierno, las posiciones fueron dispares: el PSOE, a través de Carlos Giménez, aseguró la «inexistencia» de pruebas sobre irregularidades en la adjudicación de contratos a finales del pasado año por un valor total de 190.000 euros y criticó, por otro lado, que el «80% del tiempo de la comisión se utilizase para fines meramente políticos»; Guanyar aprovechó su informe para insistir en que «existe una alta probabilidad de que se haya incurrido en fraccionamiento», a la vez que añadió que «serán los tribunales de justicia los que diluciden su posible alcance penal»; mientras que Compromís afirmó que «ha quedado demostrado que la cuestión gira en torno a posibles irregularidades administrativas», por lo que «cierra la puerta penal».

En la oposición, sin embargo, el mensaje fue mucho más homogéneo y bastante más duro contra el alcalde y dos de sus personas de confianza: tanto PP, que ya ha llevado el caso a los tribunales, como Ciudadanos coincidieron a la hora de reclamar la destitución del jefe de Gabinete de Alcaldía, Lalo Díez, y del asesor de Comercio, Pedro de Gea, por su intervención directa en la tramitación y posterior firma de unos contratos que en global rondan los 190.000 euros y que se adjudicaron a finales del pasado año, cuando Echávarri aún era el máximo responsable del área de Comercio, competencias que tras estallar la polémica delegó en manos de la socialista Gloria Vara.

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