La Fiscalía lleva a una junta si imputa a Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala - Rafa Arjones

La Fiscalía lleva a una junta si imputa a Echávarri por el despido de la cuñada de Barcala

La otra funcionaria que elaboró el decreto declara que fue orden del alcalde

05.10.2017 | 09:48 | Alicante

Con la investigación a punto de terminar, la Fiscalía de Alicante decidirá esta semana qué hace con la denuncia contra el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por despedir a la cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala. El Ministerio Público celebrará una junta de portavoces para decidir si, tal como se hizo con el concejal de Personal Carlos Giménez, llaman a la Fiscalía al alcalde en calidad de investigado (figura que sustituye a la del imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) o, por el contrario, remiten la denuncia directamente al juzgado para que dé en sede judicial sus explicaciones sobre la actuación municipal.

Echávarri declarará este viernes como investigado en el juzgado por la denuncia que presentó Barcala por un fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. El Ministerio Público investiga ahora si hubo prevaricación en el despido de la funcionaria interina después de que los populares llevaran ante la Justicia las presuntas irregularidades en Comercio. En caso de que desde la Fiscalía se continuara adelante con las pesquisas, Echávarri sumaría una segunda imputación.

La junta en la Fiscalía se celebra este jueves entre los responsables de las distintas áreas del Ministerio Público y, en ella, unificarán criterios en diversas cuestiones. Entre los puntos que se tratarán es qué pasos dar en la investigación a Echávarri por el despido de Catalina Rodríguez. Las fuentes consultadas por este diario es que la opción más probable es llevar la denuncia al juzgado y que sea allí donde declare Echávarri, aunque la decisión final dependerá del criterio de los coordinadores.

La semana pasada declaró en la Fiscalía la segunda funcionaria que redactó el decreto por el que se resolvió al despido, según confirmó ayer este diario. La trabajadora municipal del área de Personal declaró en la misma línea que su compañero de Cultura, que el decreto fue ordenado por el alcalde de la ciudad, apuntaron fuentes municipales. El fiscal llamó a esta testigo porque su compañero había participado en la confección del decreto de manera accidental y ésta era la persona que habitualmente se encargaba de estas tareas. Por otro lado, la Fiscalía ha pedido un informe a la concejalía de Cultura sobre la situación de otros funcionarios interinos, en qué situación entraron y qué se ha hecho con ellos cuando finalizó la tarea para la que se contrataron.

Estos hechos no fueron denunciados por el PP, sino por los dirigentes vecinales José Luis Valdés y José María Hernández Mata. El despido se produjo a los pocos días de la denuncia de Barcala por los contratos de Comercio. Los representantes vecinales consideraban que había una presunta prevaricación porque el alcalde había confirmado que conocía que había una situación ilegal sobre la situación de los interinos del Ayuntamiento. De hecho, sólo fue despedida una persona, familiar del portavoz municipal del PP, aunque ante el rechazo a esta medida por parte de la Junta de Personal del Ayuntamiento y de sus propios socios de gobierno, y tras aprobarse una moción del PP en el pleno instándole a la readmisión, Echávarri dio marcha atrás y anunció que el despido quedaría sin efecto.

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