Antonio Rocamora, Toño García Hita, José Javier Vidal, José Sepulcre y Jaime Oliver. - antonio amorós

Todos señalan a Sepulcre y Rocamora

Los exdirectivos Oliver, Ramírez y García Hita recuerdan que el expresidente y el exsecretario general eran los que manejaban los movimientos económicos del Elche

05.10.2017 | 01:02 | Elche CF

La decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Elche, de mantener abierto el procedimiento contra el expresidente del Elche, José Sepulcre, y el exsecretario general, Antonio Rocamora, por cuatro presuntos delitos tras la querella presentada hace dos años por la Plataforma «Salvemos al Elche 1923» contra ambos exdirigentes franjiverdes, no ha sorprendido a la mayoría de los consejeros y exdirectivos del club ilicitano que han quedado libres de las actuaciones emprendidas también contra ellos por la citada asociación. La mayoría dejó claro en su día a la jueza que ellos no intervenían en las decisiones del club ilicitano y que, por tanto, no tenían ningún tipo de responsabilidades.

Dicho grupo de accionistas presentaron una querella en la que alegaban presuntos delitos societarios, falsedad documental, estafa, apropiación indebida, contra la Hacienda pública y pertenencia a organización o grupo criminal contra José Sepulcre, Antonio Rocamora y el resto de consejeros y miembros de la Fundación que firmaron el presupuesto 2013-2014.

La jueza Inmaculada Gabarrón Ayala, tal como se publicó en estas páginas la pasada semana, mantiene abiertas las causas por los presuntos delitos de falsificación contable, administración fraudulenta, apropiación indebida y de falsedad en documento mercantil, rechazando el sobreseimiento solicitado por la defensa de Rocamora, contra el expresidente y exdirector general del club.

Asimismo, decretó el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones en relación a Juan Carlos Ramírez, Tomás Alvarado, José Antonio García, Jaime Oliver, Paco Sánchez, José Javier Vidal, Juan Contreras, Anselmo Navarro y la Fundación del Elche CF SAD con los presuntos delitos societarios previstos en el art. 290 y 295 del CP, delito de falsedad documental, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal imputados por la acusación popular, al no quedar debidamente justificada la perpetración de los delitos que han dado motivo a la formación de la presente causa en relación con los mismos.

El exconsejero Jaime Oliver confesaba ayer que «desde el principio tenía muy claro quiénes íbamos conseguir el sobreseimiento de las actuaciones y los que iban a seguir siendo investigados».

Recordaba que «las preguntas de la jueza hacía tenían todas una fácil respuesta: ¿Quiénes manejaban las cuentas, decidían y tenían las firmas? Sepulcre y Rocamora ¿Usted tenía firma?. No ¿Votó los presupuestos? Sí, pero porque nos dijeron que iban a existir beneficios. Todos contestábamos igual».

«Los que no hemos firmado cheques, ni hemos tenido acceso a cuentas bancarias no teníamos nada que temer», insistía Oliver antes de señalar que «según la auditoría de BDO los papeles estaban cambiados y, sobre todo, el dinero que llegó a la Fundación se destinó a pagar deudas cuando era para otros menesteres. Todo ello lo autorizó el presidente y su director general».

Otro exconsejero, Toño García Hita, también dejaba claro que «el día a día del club lo manejaban los dos y sólo espero a que algún día se aclaren todas las situaciones, ya que el momento que se está viviendo en la entidad ni lo merece la afición ni mucho menos la ciudad. Mi conciencia siempre la he tenido muy tranquila».

Por su parte, el exconsejero delegado franjiverde y actual presidente del Hércules, Juan Carlos Ramírez, también estaba contento con la decisión de la jueza y confesaba lo siguiente: «Ha quedado demostrado que lo único que hice en su día es meter dinero y ayudar al proyecto del Elche. Nunca pensé que la jueza iba a decir nada distinto porque yo no estaba en el día a día del club ilicitano. En lo que pueda pasar a partir de ahora no me meto».

La jueza sí decretó el sobreseimiento provisional respecto a los delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal que la acusación popular imputó a Rocamora y Sepulcre.

La resolución ha sido trasladada al Ministerio Fiscal para que en el plazo de diez días solicite la apertura de Juicio Oral, formulando escrito de acusación, o el sobresimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.

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