Algunos de los bloques de viviendas de Los Palmerales. - ANTONIO AMORÓS

El Consell notifica el desalojo de dos bloques degradados de Los Palmerales

La Generalitat dará un alquiler social solo a las familias que residan de forma regular en las viviendas

28.09.2017 | 01:24 | Elche

Los ocupantes de dos de los bloques más degradados del barrio de Los Palmerales tendrán 30 días para abandonar los edificios. Así lo notificó ayer el Consell a los residentes de los inmuebles 21 y 23 de la calle Llimoner, donde la Generalitat ha iniciado inspecciones para comprobar la habitabilidad de estos inmuebles y determinar si proceder a su derribo.

Las familias que tengan contratos vigentes de alquiler social sí que serán realojados en otras viviendas propiedad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE). En concreto, desde el Consell han señalado que hay cuatro familias en situación de vulnerabilidad que residen en esos bloques y que están en situación regular, por lo que podrán ser realojadas.

Sin embargo, por lo que respecta a los ocupantes que residen de manera ilegal en estos bloques deberán abandonar las viviendas y solicitar, si se encuentran en situación de vulnerabilidad, una posible solución habitacional a través del Registro de Demandantes, tal y como establece la Ley por la Función Social de la Vivienda. En esos bloques hay 32 casas, algunas de ellas están deshabitadas y otras están señaladas incluso como puntos de venta de droga.

La Generalitat ha achacado el deterioro de estos inmuebles a la falta de inversión del anterior Gobierno, tal y como ayer afirmó la directora general de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana, Rebeca Torró.

En el resto del barrio, el EIGE ya ha comenzado a invertir 90.000 euros en los bloques 25 y 27 donde se han reparado las líneas eléctricas que habían sido manipuladas o habían sufrido actos vandálicos y que se encontraban en un deficiente estado, con alto riesgo de producirse accidentes.

La Generalitat ha impulsado un programa de regularización de aquellas viviendas que fueron ocupadas ilegalmente antes de julio de 2015, cuando «no existía una política efectiva de vivienda social», denunció Torró. El EIGE y los servicios sociales del Ayuntamiento han mantenido ya reuniones individualizadas con doce familias ocupantes de viviendas sin título para explicarles las condiciones y el proceso a seguir para optar a un alquiler social.

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