El Estado aborta el referéndum ilegal por la fuerza al cerrar 319 colegios electorales

El Estado aborta el referéndum ilegal por la fuerza al cerrar 319 colegios electorales

El masivo despliegue policial no logra impedir que miles de personas participen en la consulta soberanista

02.10.2017 | 04:11 | Nacional

El referéndum soberanista del 1-o se quedó finalmente en una gran movilización ciudadana que fue aumentando a lo largo del día conforme se fueron haciendo virales las terribles imágenes de la actuación policial para evitar la votación. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tardó todo el día en dar su valoración de una jornada marcada por la tensión y la violencia, y lo hizo con una declaración en la que no se aceptaron preguntas y en la que aseguró «con toda rotundidad» que «no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña» y que todos los españoles pudieronconstatar que el Estado de derecho se mantiene «fuerte y vigente», dijo en La Moncloa, donde siguió el transcurso de una jornada de vértigo que deja muchos interrogantes.

A las 20 horas de ayer, hora oficial del cierrre de los colegios electorales, el mayor centro electoral de Cataluña, con 17 mesas, en la Escola de Treball, en el recinto de la Escuela Industrial en Barcelona, cerró sus puertas sin registrar altercados en una jornada en la que se fue votando de forma regular en las mesas, aunque con varios bloqueos en el programa informático.

Y es que uno de los frentes de los Cuerpos de Seguridad del Estado fue el de bloquear los sistemas de recuento de voto. Varias veces a lo largo del día quedó interrumpido este servicio, y otras tantas la Generalitat consiguió reactivarlo. Además, la tensión se desbordó en algunos momentos entre agentes de los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil, que se encararon en varias ocasiones durante las intervenciones del instituto armado para cerrar los centros de votación. Seis juzgados de Cataluña abrieron ayer ya diligencias para investigar la actuación de los Mossos por no haber impedido la votación.

El trágico saldo de la jornada dejaba al cierre de esta edición unos 844 heridos, según la Generalitat, como consecuencia de las cargas policiales, de los que dos estaban graves, uno por impacto de pelota de goma en un ojo y otro por un fallo cardíaco durante el desalojo de un colegio electoral en Lleida.

Además, el juzgado de instrucción número 7 de Barcelona abrió diligencias previas por una denuncia de la Generalitat contra la Policía Nacional y la Guardia Civil por las actuaciones llevadas a cabo para impedir el referéndum, que estaba suspendido por el Tribunal Constitucional. Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), este juzgado abrió también diligencias por otras denuncias presentadas por particulares contra los Mossos d'Esquadra por inactividad en los colegios electorales abiertos.

En un gesto más de la tirantez entre los responsables policiales, el mayor de los Mossos d´Esquadra, Lluís Trapero, no acudió ayer a la reunión de mandos de los Mossos, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en la Delegación del Gobierno en Cataluña para analizar el dispositivo coordinado, por decisión judicial, por el coronel Diego Pérez de los Cobos para impedir la celebración del referéndum. A esta reunión asistió el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.

Por otra parte, un total de diecinueve policías nacionales y catorce guardia civiles requirieron atención médica por su actuación, según informó el Ministerio del Interior.

En su balance de la jornada, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, admitió que «no se ha podido votar con normalidad» ya que se tuvieron que cerrar 319 colegios -de un total de 2.315- por una actuación policial que, a su juicio, situó a España como «la vergüenza de Europa». Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunció que investigará las «cargas policiales» en centros donde, dijo, no había «ni el más mínimo alboroto» y también el uso de pelotas de goma por parte de los cuerpos de seguridad del Estado cuando están prohibidas en Cataluña.

«Uso injustificado»

Por otra parte los obispos catalanes defendieron ayer que «hace falta encontrar una salida pacífica y democrática a la situación que se está viviendo» en Cataluña,en un comunicado consensuado por la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET).

Ya en sus primeras declaraciones de la jornada, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, denunció el «uso injustificado, irracional e irresponsable de la violencia por parte del Estado español», que lo «avergonzará para siempre».

Pese al celo policial, decenas de miles de personas lograron votar -el recuento proseguía al cierre de esta edición-, ya que ante los problemas por la actuación policial el Gobierno catalán modificó las normas de votación y permitió el «colegio electoral universal», lo que implicaba que aquellos que querían votar podían hacerlo en cualquier centro habilitado. Ante el cierre de algunos colegios se llegó a votar en plena calle, e incluso una diputada de la CUP convirtió su propia casa en un centro de votación.

También los catorce miembros del gobierno catalán, entre ellos el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, consiguieron votar. La mayoría de los miembros del Govern lo hicieron sin dificultades, si bien la consellera de Enseñanza, Clara Ponsatí, denunció haber sido «arrastrada, empujada y cogida por los brazos» por agentes de la Policía Nacional que entraron en la sede de su departamento.

Con una votación interrumpida en decenas de colegios, sin control independiente en el recuento de los votos y con las calles de Cataluña inflamadas tras las escenas de violencia, el panorama que deja este 1-O es de todo menos prometedor. La sensación de choque de trenes ha pasado de inminente a ser un hecho.

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