La Audiencia deja fuera de la causa del PGOU al arquitecto que lo redactó

El tribunal confirma el procesamiento de la exalcaldesa del PP Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y Enrique Ortiz por los supuestos amaños del plan

27.09.2017 | 02:42 | Política

El redactor del PGOU de Alicante investigado por presuntos amaños en beneficio del empresario Enrique Ortiz no se sentará en el banquillo de los acusados. La sección segunda de la Audiencia de Alicante notificó ayer un auto en el que resuelve todos los recursos presentados contra el pase a procedimiento abreviado (lo que vendría a ser el procesamiento) acordado por el magistrado Manrique Tejada el pasado enero. En él confirma la condición de procesados de todos los recurrentes excepto para el arquitecto Jesús Quesada, para quien decreta el sobreseimiento provisional, lo que le deja fuera de un proceso penal que se inició en 2010.

En opinión del tribunal, no existe constancia de que Quesada facilitara información reservada sobre el planeamiento. Es más, «de las conversaciones trascritas», precisa el auto citando al instructor, «se aprecia la resistencia a comunicar información, pese a la relación que unía a Enrique Ortiz con Sonia Castedo, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante que le había contratado». Y llega a hablar incluso de «obediencia debida» por parte del técnico.

Quesada es, por tanto, el único que se salva de la quema en un auto contra el que no cabe recurso y que aboca al juicio a la exalcaldesa Sonia Castedo, a quien acompañará su antecesor Luis Díaz Alperi, cuyo procesamiento ya fue ratificado el pasado marzo. El instructor sostiene que ambos políticos del PP maniobraron en el planeamiento urbano de la ciudad en beneficio de Ortiz, a quien la Audiencia también envía al banquillo.

En idéntica situación se encuentra los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la exregidora) y su socio Javier Gutiérrez, así como un hermano de constructor, Virgilio Ortiz, y dos empleados suyos, Santiago Bernáldez y Pablo Rico. Los tres últimos encausados por supuestamente llevar fuertes sumas de dinero de Ortiz a Alperi, los denominados «bocadillos».

A este listado hay que sumar también el nombre del empresario ilicitano Ramón Salvador Águeda, de quien no consta que presentara recurso pero cuya última declaración dio pie a que las acusaciones solicitaran nuevas comparecencias de Castedo y Alperi, entre otros.

Como ponente de esta resolución, el magistrado Julio Úbeda responde al planteamiento de los recurrentes de que se concretaran los delitos. Y lo hace afirmando que, una vez constatada la existencia de una posible conducta delictiva, no es el instructor sino las acusaciones las que tienen que hacerlo ahora en sus escritos.

Con constantes alusiones al auto de Tejada, Úbeda señala un párrafo textual en el que su colega precisa que «se va evidenciando a juicio de este instructor en toda la investigación la existencia de algo más que una actividad poco ética por parte de los investigados, sino que existe entre ellos un nexo relacional de íntima amistad, que llega a un grado de complicidad máxima y que permite al investigado sr. Ortiz alcanzar unas cuotas de poder real en las decisiones públicas inalcanzables para cualquier ciudadano».

Resueltos los recursos, el proceso retoma ahora su curso (paralizado en enero para conocer el criterio de la Audiencia) con la presentación de los escritos de acusación y los de defensa. En cualquier caso, la vista oral no se celebrará, como pronto, antes de dos años.

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