La vicepresidente Mónica Oltra, durante la sesión parlamentaria de ayer en las Cortes. - efe

Un debate en las Cortes escenifica la división de los tres socios del Consell sobre Cataluña

Los socialistas se unen al PP para vetar una iniciativa respaldada por Compromís y Podemos que pedía emplazar al Gobierno a negociar

29.09.2017 | 01:09 | Política

El «fuego amigo» vuelve a minar otra vez la cohesión del Pacte del Botànic que comparten los socialistas y Compromís con Podemos como apoyo parlamentario. La posición sobre el referéndum de Cataluña ha terminado por dividir a los tres socios del Consell, que ya mantenían opiniones dispares durante los últimos días sobre un escenario político muy complicado y de enorme calado. Las diferencias se escenificaron ayer en las Cortes con una iniciativa de Podemos -de nuevo los morados ponían en un aprieto al PSPV como ya ocurrió con la tasa turística- respaldada por Compromís que, en síntesis, instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a abrir una vía de diálogo para celebrar una consulta pactada. Los socialistas se unieron al PP y también a Cs para vetar que ese asunto se tramitara de urgencia para incluirlo en el orden del día del pleno que arrancó ayer en el hemiciclo del Palau dels Borja.

En el cuerpo de la proposición no de ley impulsada por Podemos con el respaldo de Compromís se apelaba a la necesidad de «propiciar» en las Cortes «un debate» sobre la situación de Cataluña con el fin de alcanzar un acuerdo en favor de iniciar un «diálogo sin condiciones ni restricciones que permita a la ciudadanía catalana decidir su futuro en un referéndum acordado con el Estado». La propuesta emplazaba al Gobierno de Madrid a «comenzar un proceso de diálogo con la Generalitat de Cataluña y el conjunto de actores políticos para buscar soluciones políticas y democráticas al conflicto» de esa autonomía. Solicitaba «dar un paso atrás en todas las medidas adoptadas sin haber seguido escrupulosamente los procedimientos que la propia Constitución Española recoge» y «reconsiderar aquellas otras que, todo y tener base legal, significan una intromisión sin diálogo en las competencias de la Generalitat». El texto instaba al Ejecutivo a «cesar en su política de excepcionalidad y de represión» para «permitir el ejercicio de la libertad de expresión ideológica» y que de esa manera «el 1 de octubre la ciudadanía catalana exprese su voluntad en los términos que considere».

La iniciativa quedó fuera del orden del día en tanto que no logró la firma ni del PP, ni de los socialistas, ni tampoco de Ciudadanos. El diputado de Podemos César Jiménez justificó la fórmula de «trámite excepcional» teniendo en cuenta que «el 1 de octubre es ya el referéndum» y «lamentó» que las Cortes Valencianes no hayan tenido la oportunidad de opinar sobre la cuestión. El portavoz de Compromís, Fran Ferri, evitó hurgar en la herida y atribuyó la negativa socialista a una cuestión formal. «No avalan nunca tramitar estas cuestiones inmediatas. No creo que sea que no quieren debatir sobre este asunto», zanjó.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, explicó que su grupo no ha suscrito la iniciativa de Podemos apoyada por Compromís porque estima que este tipo de propuestas están «pensadas para eventos impredecibles de alta importancia para los valencianos que merecen ser discutidos» con inmediatez. «No era el caso», argumentó. «La posición de los socialistas -sugirió Mata- es defender la legalidad vigente, criticar algún exceso que se pueda hacer desde algunas instituciones del Gobierno del Estado y, a partir de ahí, buscar una solución el día después para una integración de todas las nacionalidades del Estado en armonía». «Quien quiera sacar una miserable rentabilidad política en el corto plazo se está equivocando», concluyó. En la réplica, la portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz, apostó por cumplir la ley y defender la legalidad al tiempo que declaró que «no puede ser que Compromís y Podemos estén haciendo alarde de romper con la Constitución. Deben dejar de hacer barbaridades», explicó. La portavoz de Cs, Mari Carmen Sánchez, detalló que su grupo había decidido no respaldar la iniciativa porque «era un claro ataque a la Constitución y también al Estado de Derecho».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, por su parte, expresó su «preocupación» por la situación en Cataluña y tras insistir en que el «camino es el diálogo», añadió que «el día 2 hay que hablar del nuevo modelo territorial de España porque no es solo un problema de Cataluña». «El camino, desde luego, no es saltarse la ley. Después del día 1, que ojalá transcurra con la menor confrontación, hay que hablar del nuevo modelo territorial», concluyó.

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