Siete de los acusados ayer de espaldas en el banquillo al inicio del juicio. - pilar cortés

Juzgan a una banda por intentar traer a Alicante cocaína camuflada en siete toneladas de abono

Las defensas reclaman la nulidad de las escuchas telefónicas y ponen en duda los análisis porque, según dicen, daban resultados contradictorios

25.09.2017 | 00:14 | Sucesos y Tribunales

La Audiencia Provincial sienta desde ayer en el banquillo a los acusados de formar parte de una banda que intentó introducir en Alicante a finales de 2014 cocaína camuflada en siete toneladas de abono que venían en contenedores procedentes de Ecuador. En la causa hay trece acusados, aunque fueron diez los que se sentaron en el banquillo. La Policía logró extraer de los sacos intervenidos 269 kilos de cocaína adulterada que en el mercado hubieran alcanzado un valor de15 millones de euros.

La Fiscalía pide once años de cárcel para cada uno de los acusados por delitos contra la salud pública e integración en grupo criminal; aunque para uno de ellos se piden dos años más por falsedad.

El juicio arrancó con las cuestiones previas donde los abogados plantearon la nulidad de las escuchas telefónicas en las que se basaron las investigaciones. Entre ellos se encuentran Francisco Galiana Botella, Moisés Candela, Joaquín de Lacy, Rocío Cumplido y Carlos Morán. Los letrados denunciaron la falta de control judicial de los pinchazos telefónicos, ya que en la causa había numerosos autos en los que se acordaba la medida sin la firma del juez. También el auto judicial por el que se puso en marcha la investigación carecía de firma alguna, según plantearon las defensas. La Fiscalía rechazó estas peticiones al considerar que se trataba de «irregularidades procesales» que no invalidaban la investigación. Los informes de pureza de la droga no son determinante y hay cuatro informes distintos con conclusiones diferentes, motivo por el que algún letrado pidió la nulidad.

Las pesquisas arrancaron de una intervención en Ecuador en diciembre 2012 de dos contenedores de carbón mezclados con carbón vegetal que iban destinados a Cádiz y cuyo consignatario era una empresa con domicilio en Alicante. La Policía Antinarcóticos ecuatoriana alertó de estos hechos a las autoridades españolas, donde Policía Nacional y Vigilancia Aduanera iniciaron una investigación a la empresa. Los agentes concluyeron que se trataba de una empresa sin trabajadores y que en los dos años anteriores sólo efectuó dos operaciones y sin capacidad económica para importar contenedores de carbón de hulla como venía haciendo. Las escuchas desvelaron que el grupo planeaba un envío de cocaína impregnada en abono oculta en varios contenedores que llegaron por el Puerto de València. Según el fiscal, la organización tenía que buscar un químico para extraer la cocaína y desimpregnarla del abono en un laboratorio.

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