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Echávarri anuncia la vuelta «inmediata» a las calles franquistas pese a recurrir el auto judicial

El alcalde se niega a retirar las competencias a los ediles de Memoria Histórica y Estadística

13.01.2017 | 23:18 | Alicante

«Inmediatamente, como dice el auto». Con rotundidad se expresó ayer el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, al ser preguntado sobre cuándo se procederá a reponer los nombres de las calles franquistas, tal y como ha resuelto una jueza de Alicante, que ha paralizado cautelarmente el cambio de placas en la vía pública en aplicación de la ley de Memoria Histórica y ordenado la reposición de las antiguas denominaciones. Echávarri, que anunció la interposición de un recurso por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento contra la sentencia, no concretó sin embargo la fecha exacta en que se empezarán a retirar las placas nuevas. En su auto, la jueza sostiene que el tripartito actuó de forma precipitada al continuar con el cambio de calles sin que la Justicia resolviera el recurso presentado por el grupo municipal del PP.

El alcalde indicó que «en ningún caso» las placas se han destruido, y que sólo quedaban por modificar siete de las 46 calles, plazas y parques cuya nomenclatura estaba previsto cambiar. Dijo que «hay un par que se han dado a las familias que las han pedido, y se las reclamaremos».

En su auto la magistrada, la misma que emitió la sentencia favorable a la apertura de los centros comerciales Plaza Mar, Gran Vía y Puerta de Alicante, señala que cabe interponer apelación contra su decisión mediante escrito en un solo efecto «no suspensivo», lo que significa que el recurso no suspende la sentencia.

La resolución judicial creó cierta confusión en Echávarri, que en una primera consulta jurídica entendió que el auto «dice que se retiren las placas pero no suspende el acuerdo de la junta de gobierno», por lo que avisó de que podía darse la dicotomía de que «en una placa ponga una cosa, lo que una jueza ha ordenado, y en los archivos administrativos del Ayuntamiento figure otra denominación», en referencia a la nueva. En una consulta posterior a los servicios jurídicos municipales le aclararon que el acto administrativo (el acuerdo de la junta de gobierno) también está suspendido.

El alcalde, por otra parte, descartó «totalmente y en todos los casos» la retirada de competencias a los ediles de Memoria Histórica, María José Espuch, de Compromís, y Modernización, Daniel Simón, de Guanyar, que han materializado el cambio de calles. «En el fondo del asunto estoy totalmente de acuerdo porque hemos aplicado una ley. Al PP le gusta la plaza de la División Azul más que de la Igualdad. Va en su ideología. A mí no me gusta y además es ilegal». Aún así, reiteró que no le gustó la forma en que sus socios del tripartito gestionaron el cambio de calles, y por ello pidió disculpas a la medallista Estela Giménez, molesta al no habérsele comunicado cuándo se rotularía la suya. Y reconoció que habría sido partidario de esperar a que se resolviera la medida cautelar con un recurso judicial pendiente.

Por su parte, uno de sus socios de gobierno, Miguel Ángel Pavón, de Guanyar, calificó de «bochornoso» el espectáculo «que está dando el PP no solo en Alicante, sino en todo el país, cuyo comportamiento con las víctimas del franquismo ha sido censurado por la ONU». «La judicialización del cambio de calles por parte de los populares de Alicante no es una acción aislada, sino que forma parte de una campaña de ámbito nacional liderada por los amigos de los golpistas».

Los populares registraron un escrito en el Ayuntamiento instando al tripartito a adoptar de manera inmediata las medidas cautelares exigidas por la juez. C,s dijo que «el alcalde nos da la razón al admitir la chapuza en el procedimiento de cambio de calles·.

Comisión de Memoria Histórica

La comisión apoyó el cambio del callejero afectado por la ley de Memoria Histórica que se ha llevado a cabo. Entienden que los argumentos jurídicos de la juez son contrarios al espíritu y la ley de la Memoria Histórica que tras nueve años de vigencia siguen sin promulgarse. Apuestan por un reglamento «lo más consensuado posible» limitando las actuaciones «arbitrarias y ocurrentes» de quienes tienen atribuciones para promover y aprobar las propuestas.

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