Los acusados de Auto Salón culpan del fraude a empresas que el fiscal considera «fantasmas»

 Los acusados en el macroproceso de Auto Salón achacaron este miércoles en el juicio a las empresas a las que adquirían los vehículos el presunto fraude fiscal en el IVA por el que están siendo enjuiciados. Cinco de los seis procesados se acogieron a su derecho a responder solo a las preguntas de sus defensas para negar todas las irregularidades y un sexto procesado, ni siquiera a su letrado. Estas mercantiles a las que los acusados achacan el fraude son empresas que, para la Fiscalía y para la Agencia Tributaria, son mercantiles sin ninguna actividad real y que estaban controladas por los propios procesados. Estos extremos fueron negados por los acusados que defendieron que esas empresas mantenían actividad real y no tenían nada que ver con ellos.

Las declaraciones de los seis acusados centraron la jornada del miércoles del juicio, para las que se habían previsto dos días. Las negativas a declarar permitió que todas quedaran solventadas en tres horas, entre ellas las del principal acusado, Juan Andrés C. P., responsable de Auto Salón. Para ellos reclama penas que oscilan entre los cinco y los 44 años de cárcel presuntamente por haber urdido una trama para deducirse el IVA de la compra de estos coches, cuando en realidad el dinero no entraba en las arcas públicas. El fraude ascendería a más de ocho millones de euros entre los años 2004 y 2007. Se les acusan delitos de fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Juan Andrés C. P. fue arrestado años después por su presunta relación con la mayor trama de blanqueo de narcotráfico en el Levante español, hechos por los que está pendiente de juicio en la Audiencia Nacional.

La trama se encargaría de importar coches de alta gama de marcas como Ferrari, Porsche, Audi, Jaguar o Mercedes en la Unión Europea, sobre todo en Alemania. «Nos nutríamos de vehículos que se vendían en tiendas en Madrid y a nombre de las empresas que se habían encargado de traerlos», explicó Juan Andrés C. P. a preguntas de su letrado durante la vista oral. «Se trataba de vehículos para los que había gran demanda y que eran difíciles de adquirir en el mercado», dijo. Según esta versión, «se trataba de empresas serias y que tenían muchos vehículos, que nosotros no teníamos capacidad para traer. Ellos nos lo traían a la tienda, ya matriculado y con toda la documentación». El empresario aseguró que estas tiendas vendían también a grandes empresas y estaban ramificadas por toda España. «Comprábamos el ocho por ciento de su stock, por lo que no se puede decir que trabajaran exclusivamente para nosotros», aseveró.

Las defensas cargan contra la Agencia Tributaria en el inicio del juicio por el caso Auto Salón

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado sostienen que estas empresas no tenían actividad real y que estaban controladas por los acusados, con el objetivo de defraudar el IVA, algunas de ellas carecían de sede física. Unos extremos que los acusados trataron de rebatir asegurando que estaban convencidos de que trataban con empresas con actividad real. «Yo no tenía dudas sobre la regularidad tributaria de estas empresas. Dicen que se consideran empresas trucha, pero no lo han sido por la Agencia Tributaria», recalcó Juan Andrés C. P.

Otros procesados

 «Aquí no hay ninguna trama. Sólo hay unos chorizos que no pagaron el IVA de los coches», aseguró durante el juicio otro de los procesados, que incidió en él sólo era un intermediario. «Tenía una empresa en Hamburgo desde 1987 de intermediación en la compra venta de vehículos. Entre 2004 y 2007 me establecí en España, replicando el modelo de negocio que tenía en Alemania, creando un portal donde empresas alemanas ofertaban su catálogo y estos eran adquiridos por empresas españolas a portes pagados", explicó. En estas operaciones representaba a las empresas alemanas y negó haber falsificado documentación alguna o haber formado parte de una trama.

Otro de los acusados también insistió en que era un intermediario en las operaciones de compraventa de los vehículos. «Presentaba al cliente a las empresas y yo recibía una comisión», dijo. En esta línea explicó que el trabajo que había estado desarrollando en Londres para sociedades de inversión y como asesor financiero, le había dado acceso a clientes de alto valor adquisitivo que podrían estar interesados en la compra de estos coches. Este procesado aseguró que en aquella época llegó a estar imputado por un juzgado de Madrid por hechos similares a éstos y que finalmente fueron archivados.

Otro de los acusados es uno de los trabajadores de las instalaciones de Auto Salón en el municipio de Sant Joan y que admitió haber figurado sobre el papel como administrador de una de las sociedades, aunque señaló que lo hizo como un favor a Juan Andrés, aunque nunca tuvo decisión alguna en la actividad empresarial. «Era Juan Andrés el que decidía», declaró. Según dijo, «yo ni intervenía en los precios de los coches, ni en la confección del papeleo».

Blanqueo de capitales

Juan Andrés C. P. también está acusado por varias inversiones inmobiliarias que para las acusaciones se habrían financiado con el dinero defraudado del IVA. Juan Andrés C. P. cuestionó algunas de las conclusiones de la Agencia Tributaria al incidir en que estas operaciones se financiaron con créditos hipotecarios. En esta línea puso en duda un informe de la Agencia Tributaria valorando en más de once millones estos inmuebles. «Se trataba de una valoración inflada que se confeccionó en las oficinas de mi exsocio para que la CAM nos diera un crédito para el Arena», aseguró, alguien con quien guardaba mala relación a raíz de conflictos surgidos por la gestión de las instalaciones deportivas. 

Sexto intento en ocho años para juzgar el mayor fraude fiscal en la compra de coches de lujo

Algunos de los inmuebles investigados se pusieron en una sociedad patrimonial a nombre de su mujer, hecho que atribuyó a una manera de tratar de consolidar la relación familiar, aunque la desvinculó de la actividad empresarial. Por estos hechos, está también acusada la pareja del empresario, que señaló que ella solo firmaba lo que le decía su marido y que todos los inmuebles contaban con su hipoteca.

Otra operación investigada fue la compra de suelo en Altea donde se pretendían construir diez viviendas individuales, un proyecto que se fue al traste a raíz del bloqueo de cuentas por la investigación judicial.

A partir del lunes, el juicio se reanudará con la declaración de los testigos, algunos de los cuales compradores de los vehículos cuyo IVA no se habría pagado. Está previsto que el juicio quede visto para sentencia el 30 de mayo. Desde el año 2016, la Audiencia ha hecho hasta seis intentos para intentar celebrar el juicio.

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